Gastos Sociales: El manejo discrecional de millones de pesos en la Legislatura está preso de laberintos procesales

1/11/2015
IRRUMPEN LAS VALIJAS

LA GACETA divulga imágenes e informes bancarios referidos al manejo de valijas cargadas de efectivo para gastos sociales. Hasta septiembre de 2015 habían sido ejecutados más de $ 490 millones; el monto llegó a $ 615,5 millones al final del período.

10/8/2016
Ramírez habla de “insignificantes” $ 150.000

El legislador oficialista y dirigente de ATSA, Reneé Ramírez, asegura a una radio que los $ 150.000 que le asignan para gastos sociales son insignificantes y que no le alcanzan ni para las erogaciones de una semana. “Yo presento todas las facturas”, añade.

19/8/2016
El obispo Rossi hace una denuncia moral

“No puedo decir que haya una inmoralidad directamente en esto, pero es un esquema moralmente perverso”, dice a la prensa el obispo de la Diócesis de Concepción, José María Rossi.

21/8/2016
Jaldo elimina una parte de los gastos

El vicegobernador Osvaldo Jaldo anuncia el fin de los polémicos gastos sociales para personas físicas -subsisten respecto de las personas jurídicas- y la bancarización de la Legislatura.

24/8/2016
Gandur, Manzur y Jaldo se reúnen

Antonio Gandur, presidente de la Corte, admite que recibió en su casa al gobernador Juan Manzur; al vicegobernador Jaldo; al fiscal de Estado, Daniel Leiva y al abogado Nicanor Rodríguez del Busto para hablar del caso “Aráoz”.

1/9/2016
La Corte blinda al juez Novillo

Los vocales Gandur, René Goane y Claudia Sbdar rechazan un recurso de atentado procesal deducido por el Poder Ejecutivo en contra de la actuación del camarista Rodolfo Novillo en el caso “Aráoz”. En paralelo, Gandur desestima un pedido del fiscal de Estado Leiva, quien pretendía quitar el expediente a Novillo.

12/9/2016
Jiménez desarchiva una denuncia

Edmundo Jiménez, jefe de los fiscales provinciales, reabre la causa “López” un día después de que el fiscal N°5, Washington Navarro Dávila, dispusiese el archivo. La denuncia de presunta corrupción pasa a Claudio Bonari, fiscal de turno en ese momento.

10/11/2016
Un testigo genera dudas

El ciudadano Hernán Mitre se presenta ante el fiscal federal Carlos Brito y expone que alquiló en forma verbal a la Legislatura un local donde habrían sido depositadas cajas con la leyenda “Año 2015. Subsidios Legislatura”, situación registrada en un acta notarial. A posteriori, la documentación desapareció del depósito.

1/12/2016
El poder político devuelve cautelar

El poder político devuelve la medida cautelar que coloca los recibos de los supuestos gastos sociales legislativos al cuidado del vicegobernador Jaldo (ver caso “Brodersen”).

10/1/2017
Un enfermero siembra más sospechas

El enfermero Sebastián Made comenta a LA GACETA que solicitó a ATSA, el gremio del legislador oficialista Ramírez, un subsidio de $ 4.000 para la atención de la enfermedad de su madre y que, por ello, firmó los comprobantes de gastos sociales legislativos existentes en la Justicia Federal.


Caso “López-Pellasio”
Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia
Fecha de inicio: Noviembre 2015
Denunciantes: Oscar López y Jesús Pellasio (peronistas disidentes y dirigentes del partido Fe)
Jueces intervinientes
Horacio Castellanos y Salvador Ruiz (vocales de la Sala I)

Hitos

López y Pellasio solicitan la declaración de  inconstitucionalidad de la potestad de la Legislatura para entregar subsidios sociales en forma discrecional.

El 23 de noviembre de 2016, la Sala I hace lugar a un planteo de la Provincia y dice que el Partido Fe no estaba legitimado para iniciar el proceso.  “Ni de la carta orgánica de la agrupación partidaria ni de la Ley de Partidos Políticos se desprende siquiera implícitamente que el ente demandante cuente entre sus fines y objetivos la defensa de intereses públicos de la naturaleza de los que dice vulnerados”, afirman los jueces Castellanos y Ruiz. Se trata de la primera victoria judicial nítida del oficialismo en la serie de juicios iniciados con motivo de los gastos sociales legislativos.

Estado actual
El caso está cerrado porque los demandantes no recurrieron la sentencia.
Caso “López”
Justicia penal provincial
Fecha de inicio: Noviembre 2015
Denunciante: Oscar López (peronista disidente)
Jueces intervinientes
Gustavo Gómez (fiscal general federal), Pablo Camuña (fiscal federal N°2), Daniel Bejas (juez federal N°1), Washington Navarro Dávila (fiscal de Instrucción N°5), Edmundo Jiménez (titular del Ministerio Público) y Claudio Bonari (fiscal de Instrucción N°2)

Hitos

La denuncia de López es acumulada a las actuaciones preliminares de oficio iniciadas por el fiscal general Gómez luego de que LA GACETA publicara las fotografías que muestran cómo el dinero para los supuestos subsidios sociales era trasladado en valijas desde el banco al Poder Legislativo (Gómez apuntaba a un posible lavado de activos). Con el aval del fiscal federal Camuña, el juez Bejas gira las actuaciones de Gómez a la Justicia provincial por considerar que la investigación no era de su competencia.

En la Justicia provincial, el expediente ingresa a la Fiscalía de Navarro Dávila. El 12 de septiembre de 2016, el fiscal archiva la denuncia al considerar que los hechos vinculados al manejo de $ 615,6 millones no configuraban delito. Al día siguiente, su jefe, Jiménez, resuelve sacar la causa del archivo y girarla a Bonari, el fiscal de turno, para que siga investigando.

Bonari solicita a Navarro Dávila que le reenvíe también otras dos denuncias conexas de López por la ampliación del presupuesto para gastos sociales dispuesta en 2015 y contra Claudio Pérez, secretario administrativo de la Legislatura, por supuesto enriquecimiento ilícito. Navarro Dávila guarda silencio y Bonari plantea el conflicto de competencia ante el fiscal de la Cámara de Apelaciones, Alejandro Noguera, quien dice que el asunto debe ser resuelto “por el superior” (Jiménez). En paralelo, Bonari pide copias de otros procesos y actuaciones relativos a los gastos sociales. Si bien evaluaba citar como testigos a afiliados de ATSA cuyos datos figuran en supuestos comprobantes de los gastos sociales publicados por este diario, la convocatoria aún no tuvo lugar.

Estado actual

El fiscal Bonari sigue tratando de reunir pruebas para decidir si archiva el caso -como hizo Navarro Dávila- o solicita la apertura de una investigación jurisdiccional (a cargo de un juez de Instrucción).
Caso “López”
Justicia Federal de Tucumán
Fecha de inicio: Febrero de 2016
Denunciante Oscar López
Jueces intervinientes
Daniel Bejas (juez federal N°1); Carlos Brito (fiscal federal N°1); Ricardo Sanjuán, Ernesto Wayar y Marina Cossio (vocales de la Cámara Federal de Apelaciones); Gustavo Gómez (fiscal general federal) y Pablo Camuña (fiscal federal N°2).

Hitos

Requiere la investigación de la presunta evasión tributaria cometida por medio de los gastos sociales legislativos. El juez Bejas delega la pesquisa al fiscal Brito.

Brito pide dos veces los recibos de los gastos sociales; el vicegobernador Osvaldo Jaldo solicita una prórroga de 10 días hábiles y, en ese ínterin, Julio Silman, presidente subrogante de la Legislatura, requiere la intervención exclusiva de Bejas y la suspensión de los plazos. Por su cuenta, el ex legislador oficialista Iván Llorens Dip se presenta para objetar la competencia de la Justicia Federal y dice que el caso debía tramitar ante la Justicia provincial. El juez concede a la Legislatura el carácter de parte, decisión que Brito apela: el fiscal solicita que la investigación siga adelante mientras el recurso es tramitado, pero Bejas rechaza esa petición y opta por mandar el expediente principal a la alzada.

En octubre, el caso sube a la Cámara de Apelaciones. En ese ámbito, el camarista Wayar niega acceso a las actuaciones a los magistrados provinciales Novillo y Bonari, quienes tienen en sus manos otros procesos relativos a los gastos sociales (ver en esta página). Wayar aduce que el expediente es secreto para los terceros.

En noviembre, el testigo Hernán Mitre se presenta ante el fiscal Carlos Brito y declara que la Legislatura le alquiló un local en forma verbal y que allí habrían estado fugazmente unas cajas con papeles sobre los gastos sociales (foto).

En segunda instancia, el fiscal general Gómez dice que antes que nada hay que resolver el planteo de competencia. El tribunal acepta la sugerencia y pide a Gómez que dictamine sobre el asunto, pero, como este está de licencia, Camuña dice que el caso debe ser reenviado a Bejas para garantizar la posibilidad de revisar la sentencia. El 6 de febrero, Wayar, Sanjuán y Cossio devuelven el caso a Bejas sin fallar sobre el recurso de apelación.

Se sabe que el caso contiene un conjunto de recibos: cuatro de ellos fueron publicados en este diario durante el mes pasado. Se trata de comprobantes firmados en blanco, con membrete de la Legislatura, y copias de los documentos de ciudadanos que son afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA). Ese gremio es conducido por el legislador oficialista Reneé Ramírez, quien el año pasado había admitido que cobraba $ 150.000 al mes para gastos sociales.

Estado actual

El juez de Bejas debe resolver el planteo del ex legislador Llorens Dip, y definir si la Justicia Federal es o no competente para investigar los hechos denunciados por López. A esos efectos, el 21 de febrero ordenó extraer copias del caso “López” que tramita ante la Fiscalía de Bonari (ver en esta página). La resolución de Bejas puede ser recurrida ante la Cámara Federal, que aún tiene pendiente resolver la oposición de Brito a la intervención de Silman.

Caso “Aráoz”

Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia
Fecha de inicio: Marzo de 2016
Demandante: Eudoro Aráoz (legislador de la UCR)
Jueces intervinientes
Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello (vocales de la Sala II); Horacio Castellanos (vocal de la Sala I); Sergio Gandur (vocal de la Sala III) y Antonio Gandur, René Goane, Claudia Sbdar y Antonio Estofán (vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán)

Hitos

Aráoz solicita a la Justicia el acceso a la información pública relativa a los supuestos gastos sociales legislativos.

En el transcurso del proceso, se presentan los ciudadanos Clímaco de la Peña, Carlos Duguech y Raúl Moreno, y piden participar como codemandantes. El camarista Novillo admite la petición, resolución que los poderes demandados atacan con una variedad enorme de recursos. Sin perjuicio de ello y con la supervisión del juez Giovanniello, el juicio entra en la etapa de producción de la prueba.

La Provincia y la Legislatura recusan a Novillo por temor fundado de parcialidad porque Alejandrina Novillo, la hija del vocal, es asesora de la senadora Silvia Elías de Pérez, quien encabezaba la lista de Aráoz en las elecciones de 2015. En paralelo, presentan un recurso de atentado ante la Corte y el fiscal de Estado Daniel Leiva solicita al presidente del alto tribunal que quite el expediente a Novillo: ambas peticiones son desestimadas.

El 31 de agosto, los camaristas Giovanniello, Castellanos y Gandur (h) rechazan la recusación. La parte perjudicada recurre la resolución sin suerte y, luego, formula un recurso de queja ante la Corte. Además, logra que el tribunal de recusación (Giovanniello y Castellanos) admita un recurso de casación para que el alto tribunal revise una cuestión formal.

Estado actual

El futuro del juicio depende de la Corte. En cuanto a la queja, los vocales Goane, Sbdar y Estofán han de definir primero si admiten el apartamiento de Gandur (se inhibió porque su hijo participó en el tribunal de recusación) antes de pasar a atender los reparos a la intervención de Novillo. Por cuerda separada tramita un recurso de casación, que aún no tiene tribunal (depende de la queja) y que llevó el expediente principal a la órbita de la Corte.

Caso “Brodersen”

Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia
Fecha de inicio: Junio de 2016
Demandante Luis Brodersen (legislador de ProA)
Jueces intervinientes
Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello (vocales de la Sala II); Ebe López Piossek y Sergio Gandur (vocales de la Sala III), y Horacio Castellanos y Salvador Ruiz (vocales de la Sala III)

Hitos

Brodersen pide una declaración de certeza sobre la constitucionalidad de los gastos sociales legislativos.

Durante el trámite del proceso, Novillo y Giovanniello declaran la validez probatoria de los recibos. Esta resolución es atacada por los poderes Ejecutivo y Legislativo mediante una variedad inmensa de recursos. En el ínterin y como consecuencia de la declaración espontánea del testigo Hernán Mitre ante el fiscal Brito (ver caso “López” en la Justicia Federal), Brodersen solicita el aseguramiento de la prueba. Entonces Novillo dicta una medida cautelar que coloca los presuntos comprobantes al cuidado del vicegobernador Jaldo. Pero antes de notificar esta orden, la Legislatura se presenta, y recusa a Novillo y a Giovanniello por “odio visceral”: el primer magistrado también es cuestionado porque su hija Alejandrina asesora a la senadora Elías de Pérez (ver caso “Aráoz”).

El control del juicio pasa a la camarista López Piossek, quien notifica la medida cautelar a Jaldo. Esta acción es, a su vez, impugnada por las partes demandadas. El 1 de diciembre, los abogados de la Legislatura devuelven las copias originales del oficio que comunicaba la medida cautelar y afirman que el secretario administrativo Pérez cuida los recibos. El Poder Ejecutivo adopta idéntica postura. En la feria de enero, el camarista Ruiz exige a Jaldo que le informe sobre el cumplimiento de la cautelar.

En diciembre, los camaristas Gandur y López Piossek rechazan la recusación contra Novillo y Giovanniello. Pero los abogados de la Legislatura reclaman la nulidad esgrimiendo que López Piossek no podía actuar porque su hija Ebe Magdalena Castro López se desempeña en el despacho de los jueces objetados. El incidente de la recusación pasa a los jueces Castellanos y Ruiz, pero este también es impugnado.

Un día antes de fin de año, el vicegobernador Jaldo deja cesantes a los cuatro asesores letrados de Brodersen: Carlos Correa (secretario del bloque Pro-A), Hernán Correa, Carlos Valls y Rafael Eduardo Rillo Cabanne. Los abogados de la Legislatura sostienen que es incompatible la actuación en juicio de aquellos profesionales.

Estado actual

La Cámara en lo Contencioso Administrativo debe integrarse con un vocal de la Cámara en lo Civil y Comercial para resolver las impugnaciones contra la resolución que rechazó la recusación de Novillo y de Giovanniello (el vocal civilista sorteado formará tribunal con Castellanos). Mientras tanto, el expediente principal permanecerá parado.

Caso “Villagra Delgado”

Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia
Fecha de inicio Octubre de 2016
Demandantes: Rafael Eduardo Villagra Delgado, Luis Fernando Martín Alzogaray, Ethel Ivonne Rosales Vera, Diego Gustavo Aráoz, Alberto Marcelo Fuentes, Hugo Ricardo Santucho, Marta Teresa Reinoso y Raúl Ernesto Moreno
Jueces intervinientes
Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello (vocales de la Sala II), y Salvador Ruiz (vocal de la Sala I)

Hitos

Villagra Delgado y compañía presentan una acción de amparo para acceder a información sobre los gastos sociales legislativos.  

La Provincia y la Legislatura recusan a Novillo, a quien consideran “identificado” con la oposición porque su hija Alejandrina asesora a la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR). El 10 de este mes, Giovanniello y Ruiz rechazan la recusación.

Estado actual

El Estado impugna la resolución que rechazó la recusación de Novillo con planteos de inconstitucionalidad, inconvencionalidad e inaplicabilidad de la disposición que impide recurrir la sentencia (artículo 22 del Código Procesal Civil y Comercial local). Además, interpone un recurso de casación para que la decisión de Giovanniello y Ruiz sea revisada en la Corte. Todos estos cuestionamientos están pendientes de resolución.

FUENTE: LA GACETA