La justicia le dió la razón a Brodersen, nuevo revés para Jaldo que deberá reincorporar a los asesores

¿Cuáles son los alcances de las facultades del vicegobernador, en su carácter de presidente de la Legislatura, respecto del manejo del personal transitorio que se les asigna a los legisladores?

Ese es el interrogante que se abrió con la demanda planteada por tres asesores letrados del macrista Luis Brodersen (bloque PRO-A), quienes fueron cesanteados a fines de diciembre, mediante decretos internos, por el titular del cuerpo legislativo, Osvaldo Jaldo.

El vocal Carlos Giovanniello, de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, postergó hasta el dictado del fallo de fondo la respuesta a aquel interrogante. Mientras tanto, el magistrado otorgó la medida cautelar solicitada por los asesores de Brodersen. Por ello, dispuso que la Legislatura arbitre “los medios necesarios para restituir a los actores (es decir, los demandantes) a la situación que revistaban (sic) con anterioridad al dictado de los decretos internos (de cesantía)”. Así, el staff del macrista deberá ser reincorporado como personal temporario del cuerpo legislativo “hasta que recaiga sentencia definitiva” en la causa.

La cautelar alcanza a Carlos Sergio Correa, secretario del bloque PRO-A, y a Rafael Eduardo Rillo Cabanne y Hernán Raúl Correa, asesores letrados de Brodersen. Un cuarto colaborador del macrista, Carlos Valls, también había sido dejado cesante, pero no participó de la demanda; por lo tanto, el juez no consideró su restitución.

Estos abogados habían firmado escritos presentados por Brodersen en la acción declarativa de certezas que inició el año pasado para que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo determine la legalidad o constitucionalidad de los subsidios entregados por la Legislatura (entre ellos, los ya derogados “gastos sociales”).

A fines de diciembre, Jaldo rubricó cuatro decretos internos que disponían el fin de la relación laboral transitoria entre la Legislatura y los asesores letrados de Brodersen. Fundamentó su decisión en el reglamento interno del cuerpo, que le otorga potestades administrativas sobre el manejo del personal. Pero los abogados del macrista concurrieron a la Justicia provincial. Alegaron, entre otros puntos, que los artículos citados por el vicegobernador no lo habilitaban a prescindir de sus servicios sin la intervención del legislador que había solicitado su contratación. El camarista de feria en el fuero contencioso, Salvador Ruiz, había firmado en enero una cautelar a favor de Correa y los demás asesores. Pero la validez de este instrumento caducó cuando se agotaron las vías administrativas para la reincorporación de los cesanteados.

Ahora, Giovanniello dispuso un nuevo amparo, esta vez hasta que sea resuelta la cuestión de fondo; es decir, si el vicegobernador tiene la potestad de remover por su cuenta a empleados de un legislador. “El tiempo que demandará objetivamente el proceso ordinario justifica el resguardo anticipado que se peticiona”, consideró el magistrado. Resta ver qué postura adopta la Legislatura ante la cautelar.

FUENTE: LA GACETA