“Jefes de una banda" organizada para la “devolución o retorno" que "se hacía mediante contratos de alquiler de propiedad de esta empresa", fueron las palabras que eligió el juez Claudio Bonadio para procesar a Cristina Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia por "asociación ilícita en concurso por lavado de activos y negociaciones incompatibles" en la causa Los Sauces SA. El embargo trabado fue de $ 130 millones para la ex mandataria y el diputado y líder de La Cámpora, mientras que a su hija menor se le fijó en $ 100 millones la cifra a embargarle. El procesamiento que incluyó a 18 imputados, entre ellos los empresarios K Lázaro Báez y Cristóbal López, principales inquilinos de la inmobiliaria, y a Osvaldo Sanfelice -mano derecha los Kirchner-. El magistrado que pidió que la causa siga siendo investigada por su par Julián Ercolini -que procesó a Cristina por asociación ilícita-, determinó que ninguno de los procesados salga del país.
Mientras Cristina Kirchner sumó su tercer procesamiento, por primera vez la Justicia avanzó sobre sus hijos procesándolos en una causa por corrupción. Máximo Kirchner, director y dueño del 32,5% de las acciones de la inmobiliaria, fue señalado por Bonadio como responsable de realizar muchas de las operaciones "sin documental correspondiente" y junto a sus padres, crear Los Sauces SA para “canalizar dinero ilegítimo”.
En este entramado societario, el juez consideró que Florencia Kirchner (22,5% de las acciones) cumplió un “rol preponderante” tras el fallecimiento de su padre, cuando ingresó a la firma, con "poder decisión" en la empresa. Sin embargo, Bonadio consignó que "no se sabe cuáles son sus tareas, como miembro del directorio o empleada, ni porque cobra un sueldo como empleada cuando claramente no desempeña labores para la sociedad". En 17 meses ganó más de un millón de pesos como gerente.
El juez de la causa, que inició con la denuncia de la diputada Margarita Stolbizer (GEN), sostuvo que todo "fue pergeñado por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner" y que junto a Florencia después de 2010, se convirtieron en "jefes de una banda" que “impartían las directivas de la organización delictiva”, para percibir dinero “ilegítimo a fin de darle apariencia lícita" y que la “devolución o retorno" se realizaban según el extenso fallo, mediante “contratos de alquiler" con Báez y López junto a su socio Fabián De Sousa, que representaron el 86 % de la facturación: garantizaron a los Kirchner más de $ 25 millones entre 2009 y 2015.
La Justicia consideró que Los Sauces creada en 2006, nunca tuvo la intención de funcionar comercialmente, sino dedicarse "al cobro de retornos". "No tenía sede social ni empleados, sólo Ramón Ángel Díaz Díaz, jardinero de la casa de la ex Presidenta", consigna el fallo.
