GASTOS SOCIALES: El fiscal federal, Carlos Brito, solicitó informes de las demandas que formularon los legisladores Eudoro Aráoz y Luis Brodersen

La Justicia Federal dispuso nuevas medidas en la causa que investiga una posible evasión impositiva en la operatoria con los fondos presupuestados y ejecutados bajo la figura de supuestos subsidios del Poder Legislativo, también conocidos como “gastos sociales” o “ayudas sociales a personas”.

El fiscal federal N° 1 de Tucumán, Carlos Brito, envió el viernes un oficio al fuero Contencioso Administrativo del Poder Judicial de la Provincia solicitando informes acerca de las demandas que formularon por separado los legisladores Eudoro Aráoz (bloque UCR) y Luis Brodersen (bloque PRO-A).

Aráoz planteó en marzo, mediante su representante legal, Gonzalo Peñalba Pinto, una acción de amparo para reclamar que la Provincia divulgue la nómina de las personas y entidades beneficiadas en el 2015 electoral con los $ 615,6 millones gastados en Transferencias, partida que incluye las “ayudas sociales a personas” y otras asistencias en efectivo. En esta causa, que apunta al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, fueron admitidos como codemandantes los ciudadanos Clímaco de la Peña, Carlos Duguech y Raúl Moreno, lo que generó objeciones procesales por parte de la Fiscalía de Estado del PE.

Brodersen concurrió en junio a esos tribunales, asesorado por el abogado Carlos Correa, para formular una acción declarativa de certeza con el fin de que se determine por sentencia si los “gastos sociales” son constitucionales.

Ambos expedientes son tramitados por la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello.

Erogaciones

Las copias deberán ser remitidas al fiscal federal N° 1, que lleva adelante la pesquisa por una presunta evasión al fisco nacional, a instancias de la denuncia presentada en febrero pasado por el abogado Oscar López, ex candidato a legislador del peronismo disidente. La causa está a cargo del juez federal N° 1 de Tucumán, Daniel Bejas.

La documentación recolectada en la sede contencioso administrativa en los casos de Aráoz y de Brodersen podría aportarle a Brito elementos de valor, en pos de determinar si se violó la normativa tributaria con el manejo de los recursos de la Legislatura.

En noviembre pasado, mediante fotos y documentos, LA GACETA reveló el sistema de traslado del efectivo para supuestos subsidios. A menudo, un empleado legislativo se presentaba en la sucursal céntrica de un banco, retiraba una o más valijas (en cada una cabían hasta $ 6 millones) y las llevaba a la sede del cuerpo colegiado, ubicada en calle Muñecas al 900. Así, por ejemplo, fueron extraídos, $ 91,7 millones en agosto de 2015, mes de las elecciones provinciales y de las PASO para cargos nacionales; y $ 105 millones en octubre, cuando se celebró la segunda vuelta de los comicios presidenciales y se concretó el recambio de nuevas autoridades provinciales. Según el informe de ejecución presupuestaria al que accedió este diario, la Cámara desembolsó unos $ 1.500 millones el año pasado, que comenzó con el actual gobernador, Juan Manzur, como presidente del cuerpo colegiado, y terminó con el actual vicegobernador Osvaldo Jaldo en ese cargo. El 40% de las erogaciones anuales totales fueron para Transferencias (subsidios y otros auxilios financieros).

La hipótesis del denunciante López es que al menos parte de los fondos para “gastos sociales” fueron percibidos por legisladores y funcionarios de la Cámara.

La Carta Magna provincial reformada en 2006 establece como única retribución por la tarea legislativa la “dieta” -un equivalente al sueldo-, que hoy ronda los $ 30.000 por representante.

Los parlamentarios, en paralelo, firmarían unos recibos mediante los cuales gestionarían las ayudas sociales a personas. Si bien estos fondos pasan por los controles del Tribunal de Cuentas, la hipótesis del denunciante López es que legisladores y funcionarios podrían haber cobrado “gastos sociales”. De esta forma, habrían incumplido sus obligaciones como contribuyentes. En la demanda, el ex candidato citó el Capítulo IV de la norma que regula el Impuesto a las Ganancias, donde se establecen como gravables “las compensaciones en dinero y en especie, los viáticos, etcétera, que se perciban por el ejercicio” de un cargo público, siempre que la autoridad impositiva considere que la suma excede un piso razonable.

Sin pruebas de lavado

La Justicia Federal ya había intervenido en el caso de las valijas en la causa iniciada de oficio por el fiscal federal general Antonio Gómez, quien apuntaba en las actuaciones preliminares a un posible lavado de activos. Bejas, tras un escrito espontáneo del ex legislador peronista Manuel Fernández que cuestionaba la participación del fiscal federal, en lugar de uno de primera instancia, giró el expediente al fiscal federal N° 2 de Tucumán, Pablo Camuña. Este, en su dictamen, señaló que los fondos en cuestión eran de origen provincial, no nacional, y su aplicación tenía sustento normativo, por lo que no había lugar a un lavado de dinero. Bejas acogió esta postura en marzo pasado, desestimando la comisión de un delito federal, pero envió las copias de la denuncia a la Justicia provincial, donde ya se tramitaba una pesquisa penal.



“Manejo espurio”

Un macrista reclama el fin de los subsidios

El legislador Luis Brodersen (bloque PRO-A) expresó en su perfil de Facebook que el sistema de “gastos sociales” no debe regir más. “Es cuánto menos sorprendente que quienes avalan con su silencio cómplice el reparto irregular de millones de pesos, sin control ni rendición de cuentas, clamen en el recinto por el sufrimiento de los más pobres. Esos que precisamente son más pobres, mientras otros se enriquecen con el manejo espurio de dineros públicos”, dijo el macrista, que aguarda el fallo por la constitucionalidad de ese régimen.

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Juntarán firmas contra el régimen de ayudas

Los dirigentes de la Agrupación Movimiento Cívico, Sergio Adolfo Rodríguez y Aldo Sergio Testa, concurrieron a LA GACETA para anunciar que comenzarán a recolectar firmas en la vía pública para pedir por la eliminación del régimen de subsidios de la Legislatura, conocido como “gastos sociales”. Además, expresaron su apoyo hacia los legisladores que decidieron no firmar los recibos por la percepción de esos fondos. “La clase política parece no tomar nota de los reclamos de la ciudadanía”, señalaron los dirigentes, en un texto conjunto.

Acceso restringido

López dijo que pedirá una auditoría a la Corte

El abogado Oscar López realizó en noviembre de 2015 una denuncia penal en contra de toda la anterior composición de la Legislatura, a la que acusó de malversar los más de $ 600 millones en el caso de las “valijas”. El letrado le anticipó a LA GACETA que solicitará una auditoría a la Corte Suprema por la tramitación del expediente, a cargo del fiscal de Instrucción de la V Nominación, Washington Navarro Dávila. En las consultas por mostrador de Tribunales penales, ese expediente -que lleva el número 66.114/2015- figura con acceso restringido.

FUENTE: LA GACETA