La demanda que pide a la Justicia expedirse en la “constitucionalidad o legalidad” de los mal llamados “Gastos Sociales” continua dilatándose por los constantes planteos oficialistas, que en una reciente presentación solicitaron el apartamiento de Salvador Ruiz (quien investiga el caso), porque su esposa manifestó su opinión escribiendo una "Carta del Lector". El magistrado aclaro expresamente: “Mas tal criterio, emitido por quien goza de plena independencia material e intelectual, en nada influye en mi función como magistrado de este Poder Judicial”.
El autor del pedido de “Acción declarativa de certezas” es el Legislador Luis Brodersen, quien envió un comunicado oficial en respuesta a una nota publicada en el diario La Gaceta (http://www.lagaceta.com.ar/nota/730948/politica/dimes-diretes.html ) manifestando su malestar y su preocupación por la recusación que “ideo” el plantel de letrados del oficialismo: “¿Dónde hará la selección de recursos humanos para su cuerpo de abogados el oficialismo? Todo parece indicar que los elige en un asado de tercer tiempo, que es el ámbito en el que suelen abundar las bromas sobre la relación entre los asistentes y sus esposas.
Y es que justamente a eso suena el argumento de la recusación que idearon para tratar de sacar del medio al juez Salvador Ruiz, en su afán por ocultar a toda costa el manejo de los Gastos Sociales.
Pretender que, porque la esposa del magistrado piensa de determinada manera al respecto, y lo expresa públicamente, tal cual se lo garantiza la Constitución Nacional, este debe excusarse de la causa, no puede ser otra cosa que una broma de mal gusto.
Claro que también puede ser una muestra clara de que los dineros del pueblo son dilapidados no sólo con los subsidios de la Legislatura, sino también pagando costosas horas de trabajo de profesionales del Derecho para que sólo se les ocurra algo así.
Aunque si uno le busca el lado positivo a semejante desatino Judicial, puede inferir con esperanza que lo qué pasa, es que a Juan Manzur y compañía se le están acabando los argumentos para montar triquiñuelas judiciales que demoren lo inevitable”, aseguró.
El macrista oriundo de Aguilares se mostró confiado porque considera que estos artilugios procesales son signos de debilidad del gobierno provincial y que la Justicia reafirmará la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos: “Sí apelan a semejante disparate como es recusar a un juez por lo que piensa su esposa, quizás podemos inferir que estamos cerca de que la Justicia por fin diga lo evidente: que repartir dinero en valijas entre legisladores que nunca rindieron cuentas es inconstitucional, constituye un delito y debe ser investigado por la Justicia Penal.
Tal vez entonces el gobernador que ríe se digne a explicar a dónde fueron a parar esos millones que salieron de las cuentas de la Legislatura cuando él era Presidente del cuerpo. Quizás así las autoridades legislativas decidan abrir sus puertas a los verdaderos dueños de lo que administran, para que sus jefes, los tucumanos, puedan ver que hacen con los millones que ni siquiera aparecen en el Presupuesto Provincial”, concluyó.
