En un clima caldeado por los disturbios del martes y nerviosismo entre los diputados que llevan las negociaciones, el oficialismo de Cambiemos con apoyo de fuerzas provinciales y parte del peronismo no kirchnerista espera convertir este jueves en ley en la Cámara de Diputados la polémica reforma previsional.
Un indicio de que tendría los votos es que, tras haber obtenido dictamen en la comisión de Previsión el martes, en tiempo exprés decidió la convocatoria a sesión especial para tratarlo.
Las espadas legislativas de Cambiemos ya trabajaban desde el lunes en esta hipótesis de no esperar a la semana que viene, siempre y cuando tuvieran los números.
Pero la decisión de apurar el asunto tuvo que ver también con un creciente malestar general contra el proyecto: ayer la CGT convocó para el viernes a un paro general contra la reforma, y la Gendarmería reprimió el intento de un acampe de organizaciones sociales frente al Congreso.
En los choques hubo detenidos y heridos, y dos diputados, Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y Victoria Donda (Libres del Sur) denunciaron que fueron golpeados. “Nos cagaron a palos”, dijo Grosso.
La sesión es “especial”, porque de esa manera se puede llevar al recinto un proyecto sin que hayan pasado los siete días reglamentarios luego del dictamen. Está citada para las dos de la tarde. Después de la previsional, figura el tratamiento de la reforma tributaria, el revalúo impositivo contable y la autorización al Presidente para salir del país.
El Congreso amaneció este miércoles con la inusual custodia del Destacamento Móvil 6 de Gendarmería, con sede en Ezeiza. Y este jueves habrá vallados y se prevén fuertes medidas de seguridad.
Se espera un duro debate en el recinto y manifestaciones en la calle contra una reforma que, como publicó Clarín, significará menos dinero en 2018 en los bolsillos de los jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Un universo de 17 millones de personas que harán un “ahorro” para la ANSeS de entre 80 y 100 mil millones de pesos, según los cálculos.
El eje de la polémica es el cambio en la fórmula para calcular los incrementos. Se dejarán de lado los dos aumentos semestrales de la ley de movilidad jubilatoria, por una fórmula que combina el índice de inflación (en un 70%) y el Ripte de variación salarial (30%).
