Ecotucumano - Desde La Nación quieren reducir, un 20% el total de los “cargos políticos”. En Tucumán dicen no al ajuste
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Desde La Nación quieren reducir, un 20% el total de los “cargos políticos”. En Tucumán dicen no al ajuste

21 de Enero de 2018 | 13:30 hs.  

La propuesta parece no encontrar eco entre los referentes, peronistas y macristas, que ocupan cargos con responsabilidad de gestión.

Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia, planteó que la provincia está comprometida -por el denominado Consenso Fiscal firmado en noviembre- a no aumentar la planta de empleados públicos. Sin embargo, remarcó que no está de acuerdo con despedir gente.Indicó que, según estimaciones, hay 100.000 trabajadores repartidos en los tres poderes del Estado; y que el mayor porcentaje se encuentra en el Ministerio de Educación. A su vez, sostuvo que la provincia hará “todo lo que sea posible” para achicar las cuentas públicas, pero no llegando al extremo de despedir personal.

En Yerba Buena

“Nunca debe ser eje de la administración pública despedir gente, sino hacer eficiente la gestión”, remarcó Mariano Campero, intendente de Yerba Buena.

Si bien el macrista planteó que le parece “adecuado” el propósito del Gobierno nacional, subrayó que la intención de su intendencia es mejorar la calidad de los recursos humanos. “Hicimos cursos de capacitación, incluso estamos en el ránking elaborado por el Ministerio del Interior como uno de los municipios de mejor gestión”, destacó el jefe municipal de Cambiemos.

Con respecto a la cantidad de personal público, señaló que Yerba Buena cuenta con aproximadamente 1.200 municipales. “Menos del 1% en relación a la cantidad de habitantes”, comparó. “En el caso del personal, la cantidad depende de la necesidad. Nuestra ciudad tiene un crecimiento demográfico anual del 12%, lo cual exige más trabajadores. Nuestro objetivo es mejorar el servicio, no incorporar gente; todos los días pensamos cómo optimizar recursos”, explicó.

En este sentido, Campero ejemplificó la situación con la reciente incorporación de 70 personas para la Guardia urbana: “el criterio no es la cantidad de contratados, sino la eficiencia y la respuesta ante las exigencias de los vecinos”.

Reconoció que al iniciar su gestión, aproximadamente 25 personas que “no trabajaban” fueron despedidas. Pero admitió que, al día de hoy, recortar sería “polémico” y que los municipales son “reivindicados” por su acompañamiento en la gestión.

En Concepción

También miembro de Cambiemos, Roberto Sánchez, intendente de Concepción, consideró el objetivo de la Nación como una “medida a tener en cuenta para analizar” ya que, en algunos casos, hay una “superpoblación de estructuras”.

Por un lado, sostuvo que un achicamiento del Estado no es necesario en su municipio. “Comparativamente, creemos que no tenemos una gran cantidad de empleados públicos (811 trabajadores) en relación con la población (65.000 personas)”, destacó Sánchez. Por otro lado, planteó que para reducir la planta estatal, el Gobierno nacional debe dar posibilidad de retiros voluntarios e incentivos, como ser el pago por 24 meses.

El jefe municipal resaltó que la reforma propuesta desde el Poder Ejecutivo Nacional no será “compulsiva”, sino gradual y programada con el objetivo de que “los cesados sean captados por los privados”.

En Banda del Río Salí

Darío Monteros, intendente de Banda del Río Salí, cree que el Gobierno nacional no estudió siquiera la medida que propuso Peña.
“Sería impropio debido a la situación social; estamos hablando de seres humanos y familias”, reclamó. Planteó que, desde 2015, su municipio ha reducido un 10% su planta permanente, por lo que ahora cuenta con 850 trabajadores. Sostuvo que habría que evaluar “otras cosas” si es que la Nación precisa un ajuste de las cuentas, “como la “Dirección en Movilidad en Bicicleta, ejemplificó, en alusión a la repartición creada en la Ciudad de Buenos Aires. “Como dirigente peronista, tenemos que defender a los que más necesitan. Peña no puede decir eso así de livianamente; no dimensiona, está cerrado. La gente no está bien abajo, las medidas nacionales le afectan mucho”, reprochó.

En Alberdi

“No estoy de acuerdo con lo que pide Peña, sería muy doloroso”, sentenció Sandra Figueroa, intendenta de Juan Bautista Alberdi, municipio en el que, según informó la jefa municipal, hay 600 empleados públicos en una población de 40.000 habitantes.

En similar sintonía con Monteros, indicó que dejar sin trabajo a muchos de esos empleados sería una “irresponsabilidad”, ya que “está muy difícil conseguir trabajo en otro lado”. La referente peronista remarcó que la situación del interior del país es muy distinta, donde el trabajo suele ser “momentáneo y en el campo”. “Responderemos a lo que disponga el gobernador”, concluyó.

FUENTE: LA GACETA















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